El Gobierno del ultraderechista Abelardo de la Espriella inició un proceso de judicialización contra exfuncionarios y dirigentes vinculados al expresidente de Colombia, Gustavo Petro, según denunciaron representantes de la izquierda durante un acto público.

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Las declaraciones surgieron tras la visita oficial del jefe del Comando Sur de Estados Unidos, Francis Donovan, quien coincidió en Colombia con el relevo de la cúpula militar encabezado por De la Espriella.

El encuentro con el enviado estadounidense tuvo como propósito reafirmar la alianza estratégica entre Colombia y Estados Unidos. Donovan destacó que “Colombia, el más reciente integrante de la Coalición de las Américas contra Cárteles (A3C), es un socio contra el narcotráfico y un líder vital en la seguridad de la región”.

No obstante, sectores opositores advirtieron que la política del nuevo mandatario no se limita al combate contra el narcotráfico. Colombia estaría cediendo soberanía a potencias extranjeras como Estados Unidos e Israel, dijeron.

El senador opositor Iván Cepeda denunció que “el gobierno de De la Espriella pretende generar un clima de desorientación, temor e incertidumbre mediante masivas judicializaciones contra dirigentes, exfuncionarios y congresistas del Pacto Histórico, empezando por el propio expresidente Petro”.

Paralelamente, el Ejecutivo anunció la puesta en marcha de una estrategia nacional de seguridad, cuyos detalles aún no han sido oficializados. El ministro de Defensa, Jorge Mora, aseguró que “quedarán claros los alcances, objetivos y estrategias del gobierno nacional”.

Algunas páginas filtradas del proyecto revelan propuestas polémicas: porte legal de armas, eliminación de la Jurisdicción Especial para la Paz, derogación de la política de Paz Total y fumigación de 330 mil hectáreas de coca en los primeros 90 días de gestión.

El documento también incluye iniciativas como la reducción del tamaño del Estado y la prohibición del aborto, medidas que han generado fuertes cuestionamientos en distintos sectores sociales y políticos.
Críticos del plan sostienen que estas disposiciones configuran un modelo de “gobierno por la muerte”, al priorizar acciones represivas sobre políticas de reconciliación y derechos humanos.

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